“La regulación y normativa lumínica chilena, se puede considerar bastante sólida, es decir, cumple con los requerimientos necesarios” explica Humberto Verdejo, director del Departamento de Energía Eléctrica de la USACH.
“El año 2012 se promulgó la Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica del Ministerio de Medio Ambiente con restricciones a la emisión de alumbrando deportivo y recreacional, restricciones cromáticas, impedimento de fenómenos de reflexión, entre otras cosas. Dos años más tarde surgió el Reglamento de Alumbrando Público de Vías de Tránsito Vehicular, y en Chile también existe el Reglamento de Alumbrando Público de Bienes Nacionales de Uso Público destinado al tránsito peatonal. A todas estas regulaciones, se deben sumar las normativas técnicas de diseño del alumbrado público” señala con detalle Humberto Verdejo sobre las normas vigentes.
Aunque el ordenamiento técnico cumpliría a juicio del académico los requerimientos necesarios, aún habrían vacíos respecto a su carácter esencial y prioritario, sobre todo en la restitución del suministro en caso de catástrofe nacional, las suspensiones de servicios en la comuna por no pago y la necesidad de una tarificación especial, todas estas materias de gran interés para la Asociación de Municipios Libres.
– A su juicio ¿es el alumbrado público un servicio esencial y prioritario? Esto implicaría que ante una catástrofe natural se debiera restituir de forma preferente.
-Efectivamente el alumbrado público es un servicio prioritario, en el contexto de seguridad de espacios públicos, prevención de accidentes de tránsito y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
Al ocurrir eventos de corte de suministro, la regulación obliga a las empresas eléctricas para que el restablecimiento del servicio se realice con la mayor prontitud posible.
–Considerando este carácter esencial y prioritario ¿debiese el servicio eléctrico de alumbrado público no estar sujeto a suspensión del suministro, como sucede con hospitales o cárceles? (art. 141°, LGSE).
-Partiendo de la convicción que el alumbrado público debe entregar seguridad dentro del lugar, comuna o ciudad donde se desenvuelva la población, el servicio de alumbrado público debiese tener el mismo carácter que hospitales y centros de reclusión.
-Dada su importancia ¿los municipios deberían recibir entonces subvenciones o estar sujetos a una tarifa especial de electricidad del alumbrado público? El gasto municipal de electricidad es relevante en el presupuesto anual, entre el 70% y 80% corresponde al concepto alumbrado público.
-Se hace necesario que a futuro existan diferentes políticas públicas que incentiven a los municipios gestionar y proyectar nuevos puntos de iluminación, con la premisa de ser más eficientes y económicos.
Además, al ser un beneficio para la ciudadanía, se podrían agregar tarifas eléctricas especiales para alumbrando público. Su esquema se basaría en tarifas nocturnas, que gracias a que el sistema se encuentra en un período sin exigencias de alta demanda eléctrica (respecto al horario punta), el coste energético del punto de vista generación es menor, logrando tener una posibilidad en la baja de las tarifas energéticas generales.
-¿Conoce alguna experiencia internacional al respecto?
-En México existen tarifas especiales para este segmento, la tarifa 5 y 5A, destinada a suministrar energía al servicio de semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental de calles, plazas, parques y jardines públicos.
Otros países vecinos como Ecuador y Colombia han generado subsidios del mismo usuario para pagar las tarifas eléctricas de alumbrando público. El cliente regulado, dependiendo sus niveles de consumo, se le asigna un valor a pagar destinado a alumbrado público. En general, entre más consumo energético realice el cliente, el porcentaje de cuota es mayor.
-A su juicio ¿cuál es la fórmula adecuada para que los municipios puedan obtener reducción en las tarifas de la energía eléctrica del alumbrado público?
-Para que los municipios accedan a rebajas en sus tarifas eléctricas, es necesaria a corto plazo la capacitación de todos los responsables de la gestión de alumbrado público, enfocándose principalmente en los beneficios ambientales y económicos, y la evaluación de proyectos sobre eficiencia energética. Además, generar conocimientos sobre la adaptación de nuevas tecnologías en el sistema de alumbrado público y del sistema de tarifas de energía.
Ahora, a largo plazo, generar políticas públicas que incentiven el desarrollo eficiente de los municipios, tarifas energéticas enfocadas en el alumbrado público, y fondos y prestaciones económicas para la inversión de proyectos de alumbrando público.
También se podría establecer un órgano controlador sobre el alumbrado público de los municipios, ya que en la actualidad, la mayoría funcionan de manera autónoma, dificultando la idea de un estándar común. A su vez, complementar con una normativa que apunte a establecer parámetros mínimos de eficiencia.
-¿Coincide en que es sólo una parte de la solución que los municipios puedan convertirse en clientes libres o no regulados? ¿Ayudaría una mayor inversión en tecnología?
-Los principales incentivos que tienen hoy los municipios en materia de alumbrado público es invertir en nuevas tecnologías que apunten tanto a modelos energéticos más eficientes y al mismo tiempo a la disminución de los costos asociados a la energía eléctrica.
Gran parte de los municipios cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 20.850 para optar a una tarifa de régimen libre, permitiéndoles ahorros del 20% al 30 % en sus cuentas de electricidad.
Este incentivo económico se puede magnificar con la implementación de luminaria eficiente. Varios municipios se han inclinado por el recambio total de la luminaria poco eficiente de la comuna (sodio de alta presión) por iluminación LED de alta eficiencia, logrando ahorros mayores al 30%.
-¿Cuáles son los próximos desafíos en la materia de alumbrado público?
-Tienen relación con la adaptación de las nuevas tecnologías, para crear ciudades más sostenibles y eficientes, respetando el medio ambiente y que sean económicamente viables, para así aumentar de forma significativa el bienestar de la sociedad.
El concepto de ciudades inteligentes o smart cities forman un claro desafío de adaptación, ya que se pretende que la mayoría del alumbrado público tenga sistemas de tele gestión funcionado punto a punto. La idea es controlar mediante el uso de una conexión a internet y diversos softwares, toda la red de iluminación, regulando en tiempo real, la intensidad de luminosidad en puntos clave de la ciudad (pasos de cebra, plazas de alta concurrencia, intersecciones peligrosas, etc) y logrando una mayor eficiencia energética iluminando de forma inteligente.
Al mismo tiempo, es necesario adecuar las redes de alumbrado público sin incurrir en grandes costos de inversión y mantenimiento, utilizando la misma infraestructura actual para innovar y evolucionar su gestión.