Esta mañana la Asociación de Municipios Libres (AML), encabezada por el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, junto al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) Hernán Calderón, y la Diputada (PS) Daniella Cicardini entregaron una carta al Ejecutivo para que se pronuncie, intervenga y garantice el servicio oportuno y de calidad de servicios básicos, ante la creciente deuda acumulada por no pago, producto de la pandemia COVID-19 y la actual crisis económico-sanitaria.
Citando cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) afirmaron que 720.840 clientes son morosos en cuentas de luz y adeudan, en promedio, $344.755. Corresponden al 10,4% de los clientes totales de nuestro país y de ellos el 67 % son clientes residenciales.
El Presidente de AML y alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo explicó que “las deudas del sistema eléctrico ascienden a 350 millones de dólares. Si bien el legislador ha avanzado en impedir los cortes del suministro al 31 de diciembre, el primero de enero pueden haber cortes masivos que afecten a cientos de miles de familias. Nosotros consideramos que esto es inaceptable”.
Actualmente la Ley Nro. 21.249 dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, asegurando la continuidad del servicio, pero no garantiza el tratamiento de la deuda acumulada, problema que persistirá una vez que finalice esta protección legal.
“Estamos pidiendo al ejecutivo que no lleguemos tarde, hemos perdido demasiado tiempo para ayudar a las familias y este es un tema apremiante. Tenemos que hacer una condonación, que todos los actores se sienten a resolver esto y generar un subsidio permanente al servicio eléctrico. No esperemos a que la gente no tenga electricidad en sus hogares” señaló el presidente de AML.
Sumado a ello, con el término de la vigencia del “mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía”, se proyecta un aumento en el monto de la tarifa eléctrica que pagan los clientes regulados a partir del segundo semestre del año 2022, dificultando aún más el escenario económico y financiero para los usuarios.
Según la diputada Daniella Cicardini “lo que solicitamos es que se haga una mesa de trabajo, que el ejecutivo convoque a las empresas de servicios básicos para que sea posible buscar una solución a las familias chilenas. Puede ser a través de la legislación comparada, un subsidio, bajar el IVA a los servicios básicos, hay herramientas sobre la mesa, solo falta la voluntad política”.
A juicio de Hernán Calderón, presidente de CONADECUS “no es posible que las personas vulnerables tengan que pagar incluso un precio mayor que la industria. Eso es una injusticia, los consumidores regulados estamos subvencionando a la industria, que puede descontar el IVA y tiene un precio bastante menor. Creemos que hay que bajar el IVA del 19% al 4 % en los servicios básicos e implementar subsidios para las personas más vulnerables”.
Finalmente Gonzalo Montoya, alcalde de Macul y tesorero de AML señaló que “esta asociación nace para poner estos temas en el debate del país, tenemos una situación extremadamente compleja, a partir del 1 de enero las personas no van a poder cancelar la deuda de sus servicios básicos. Hoy hemos presentado una propuesta concreta para alivianar el bolsillo de los chilenos y chilenas, y terminar de una vez con este modelo abusivo que existe”.