Con la intención de entregar mayor información sobre el proyecto de ley que impide la suspensión del suministro eléctrico por no pago del servicio en recintos hospitalarios y de salud primaria, alumbrado público, educación subvencionada municipal y recintos penitenciario, el presidente de la Asociación de Municipios Libres, Mauro Tamayo, expuso en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
Esta modificación al artículo N° 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) evitará cortes unilaterales del servicio eléctrico por parte de las distribuidoras como los ocurridos en Colbún el año 2008, el Monte el año 2012 y el caso más crítico de San Fernando el 2012. “El alcalde tuvo tan mal manejo en esta comuna que se le cortó la luz por casi 10 días y la población sufrió muchísimo. Creemos que provocar tal nivel de daño por la negligencia de una persona que no tiene los pagos básicos cubiertos, no corresponde” enfatizó Mauro Tamayo.
Ante la preocupación del diputado Sergio Gahona (UDI) respecto a que esta norma “podría ser un vicio, y se usarán los recursos en otras cosas, postergándose los pagos de la electricidad“, Mauro Tamayo señaló que “no se busca defender malas gestiones. La propia norma contempla la posibilidad para que la distribuidora haga cobros vía judicial, pero sin cortar la luz y afectar los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas”.
Mauro Tamayo explicó que “los municipios están en una situación bastante compleja, sobre todo los más pequeños. Tenemos la posibilidad cierta de incumplimiento de pagos, porque se han destinado muchos recursos a compras en alimentos y ayuda social por temas sanitarios”. De hecho, el presidente de AML sugirió a la Comisión de Energía nutrir el debate con un informe sobre la actual situación de las Corporaciones Municipales y municipios en torno a deudas con las distribuidoras y con los servicios de mantención de alumbrado público, para así tener una estimación del eventual riesgo que existe de próximos cortes por no pago. La sugerencia fue aceptada por los diputados y se pedirán estos datos al Ejecutivo por oficio.
Durante las próximas semanas la Comisión de Energía y Minería comenzará su ronda de audiencias, dónde recibiría a las distribuidoras, el Ejecutivo y otros actores que sean requeridos por los diputados.