Con la intención de promover el proyecto de ley que releva el suministro eléctrico como un derecho social, el presidente de la Asociación de Municipios Libres (AML), Mauro Tamayo se reunió esta mañana de forma virtual con el Subsecretario de Energía, Francisco López Díaz. Además, el presidente de la asociación planteó la necesidad de revisar la tarificación del alumbrado público y los ítems de cobro sujetos esta.
La AML planteó que en situaciones de no pago por problemas con la administración municipal, las distribuidoras eléctricas pueden realizar un corte unilateral del Servicio Eléctrico de Alumbrado Público y Servicios Esenciales, es decir, no hay un resguardo normativo suficiente que garantice la continuidad de los servicios públicos. Ante la falta de servicios, los principales afectados son los vecinos y vecinas con la disminución de la calidad de la atención de salud y urgencias vitales, al atentar contra el derecho a la educación, aumentar la percepción de inseguridad y el mayor riesgo de accidentes.
El proyecto de ley que ingresará en marzo al parlamento y que es apoyado de forma transversal por diputados y diputadas, impide la suspensión del suministro eléctrico por el no pago del servicio de alumbrado público, recintos hospitalarios y de salud primaria, educación subvencionada municipal y recintos penitenciarios, según lo establecido en el artículo 141°de la LGSE.
A juicio de AML todas las acciones de cobro deben realizarse por vía judicial, sin afectar los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas. La asociación considera la electricidad como un derecho humano y al alumbrado público como es un servicio esencial, que debe ser entregado de manera continua y permanente durante las horas de oscuridad.
Desde la Subsecretaría de Energía, informaron que la materia sería analizada en detalle para contribuir en la regulación de esta materia, entendiendo la importancia de garantizar la continuidad del servicio.